La justicia ha tomado una decisión crucial que impacta directamente en la vida de miles de ciudadanos: la jueza Martina Forms, del juzgado de San Martín, ha suspendido por seis meses el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que permitía el corte de agua por falta de pago. Este fallo llega en un momento crítico, donde la amenaza de desabastecimiento de agua potable se cernía sobre los hogares más vulnerables de la metropolitana de Buenos Aires.

El DNU, que habilitaba el corte de agua tras 60 días de impago para usuarios residenciales y 15 días para no residenciales, generó una ola de preocupación entre asociaciones de consumidores. La jueza argumentó que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas”, subrayando la responsabilidad del sistema judicial de proteger este derecho fundamental. Este fallo no solo frena una medida considerada draconiana, sino que también ofrece un respiro a familias con niños, ancianos y personas con discapacidad que dependen del acceso al agua.

La Unión de Usuarios y Consumidores y la cooperativa Consumidores Libres, que presentaron la cautelar, celebran esta decisión como un triunfo de la justicia social. La medida del gobierno, en el marco de una posible privatización del servicio de agua, había generado un clima de incertidumbre y temor entre los ciudadanos. Con esta suspensión, la jueza asegura que el bienestar de la población está por encima de las políticas económicas.

La atención ahora se centra en cómo reaccionará el gobierno ante este revés judicial y qué medidas tomará para garantizar que el acceso al agua siga siendo un derecho inalienable para todos. La lucha por la defensa de los derechos de los consumidores continúa, y este fallo marca un hito en la protección del acceso al agua en Argentina.