El país se encuentra en estado de alerta tras las contundentes declaraciones de Roberto Navarro, quien denuncia la instauración de un gobierno de facto en Argentina. En un apasionado editorial, Navarro expone que el Ejecutivo ha ignorado al Congreso, desoyendo su reciente legislación que aumentaba el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad. A pesar de que el Congreso, con más de dos tercios de sus miembros, rechazó el veto del gobierno, este último se ha negado a acatar la decisión, lo que plantea una grave crisis institucional.

Navarro sostiene que no hay diferencia entre un gobierno que cierra el Congreso y uno que actúa como si no existiera. “El Congreso no existe”, afirma, advirtiendo que con esta actitud, el Ejecutivo se convierte en un régimen que gobierna sin la participación de los representantes elegidos por el pueblo. La situación se agrava con la reciente decisión de recortar fondos destinados a la salud y la educación, mientras se prometen beneficios fiscales a sectores privilegiados.

La gravedad de la situación es palpable, con voces de legisladores y analistas que alertan sobre las implicaciones de un gobierno que actúa al margen de la ley. Miguel Pichetto y otros críticos han calificado las acciones del Ejecutivo como una violación del estado de derecho, lo que podría desencadenar consecuencias impredecibles.

En medio de esta tormenta política, surgen preguntas inquietantes: ¿Qué pasará con los recursos destinados a los más vulnerables? ¿Qué futuro espera a un país que se entrega a decisiones unilaterales? La población observa con preocupación cómo se desmorona la democracia y se despliega un panorama oscuro que amenaza con dejar a los ciudadanos desprotegidos ante un gobierno que parece actuar sin límites ni rendición de cuentas. La urgencia de la situación exige una respuesta contundente de la sociedad y sus representantes.