El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y el juez federal Ernesto Creplac ha estallado en una crisis política sin precedentes. En un ataque directo, Milei criticó abiertamente al juez encargado de la investigación sobre el caso de fentanilo, que ha dejado más de 85 muertos en el país. Creplac, en respuesta contundente, recordó al presidente su obligación constitucional de no interferir en causas penales en curso, subrayando las dificultades que ha enfrentado la investigación y la necesidad de proteger la integridad del trabajo judicial.

La tensión se intensificó cuando Creplac, en un tono firme, advirtió a Milei: “No se meta en asuntos judiciales”. Este cruce de palabras se produce en un contexto donde la política y la justicia parecen entrelazarse peligrosamente, con acusaciones de politización de un tema tan crítico como la crisis del fentanilo.

Los comentarios de Milei han sido interpretados como un intento de desviar la atención de las fallas del gobierno en la gestión de la crisis, mientras que Creplac se posiciona como un defensor del estado de derecho. La situación ha generado un clamor de apoyo hacia el juez, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la presión política.

El escándalo no solo pone en jaque la autoridad del presidente, sino que también plantea serias preguntas sobre la independencia del poder judicial en Argentina. Con la mirada de la nación puesta en este conflicto, la respuesta del juez podría cambiar el rumbo de la investigación y la percepción pública del gobierno de Milei.

A medida que la situación se desarrolla, la urgencia y la gravedad del asunto se hacen evidentes. La sociedad argentina exige respuestas y una gestión transparente de la crisis del fentanilo, mientras el enfrentamiento entre Milei y Creplac promete ser un punto de inflexión en la política del país.