En un giro dramático que amenaza con alterar el rumbo político del Perú, el Tribunal Constitucional ha comenzado a evaluar el polémico caso de Keiko Fujimori, conocido como el “Caso Cócteles”. Este asunto legal, que ha estado en el limbo durante casi una década, ha captado la atención del país entero debido a las implicaciones que tiene sobre la financiación ilegal de campañas políticas y la corrupción sistémica ligada a Odebrecht.

La audiencia, que se llevó a cabo el día de ayer, se centró en dos cuestiones fundamentales. Primero, la aplicabilidad de la ley sobre financiamiento ilegal de campañas, que los defensores de Fujimori argumentan no se puede aplicar retroactivamente, y segundo, el escandaloso retraso en el proceso judicial que podría dar lugar a la anulación del caso. Con casi nueve años de investigaciones sin una sentencia definitiva, la situación es cada vez más insostenible.

La fiscalía sostiene que la campaña presidencial de 2011 de Fujimori recibió un millón de dólares en fondos de Odebrecht, una alegación que ha generado un intenso debate. A medida que se acumulan las evidencias, la pregunta que flota en el aire es: ¿cómo justificará el tribunal su decisión en un caso que ha estado marcado por la confusión y la falta de claridad jurídica?

Expertos en el tema advierten que el tribunal podría enfrentarse a un dilema sin precedentes. ¿Regresará a la doctrina establecida en el caso Chacón, donde el retraso en el juicio causó la separación del acusado del proceso? O, por el contrario, ¿optará por una resolución más estricta que obligue a avanzar con el caso de Fujimori?

Con el destino político de Keiko Fujimori en juego y la sombra de Odebrecht acechando, el país aguarda ansiosamente una resolución que podría redefinir el panorama político en Perú. La atención está centrada en el tribunal, donde cada decisión podría tener repercusiones significativas, no solo para Fujimori, sino para la credibilidad de las instituciones en un país que lucha por erradicar la corrupción.