Una bomba política estalla en la educación superior de Estados Unidos: la administración de Donald Trump ha revocado la certificación que permitía a la Universidad de Harvard inscribir estudiantes internacionales. Este movimiento, visto como una represalia directa contra la prestigiosa institución, pone en jaque a más de 6,000 alumnos foráneos que representan casi el 30% del estudiantado de Harvard.

La decisión fue comunicada en una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Christine, y deja a los estudiantes internacionales en una situación precaria. Con costos anuales que pueden alcanzar los $87,000, cada uno de estos estudiantes no solo contribuye a la diversidad académica, sino que también representa una fuente vital de ingresos para la universidad. Harvard ya había demandado al gobierno el mes pasado por intentar interferir en sus políticas internas y ahora se enfrenta a la posibilidad de una segunda acción legal, argumentando que esta medida es ilegal y socava su misión educativa.

La tensión entre el gobierno federal y la universidad se intensifica en un clima de creciente preocupación por la autonomía académica. El Departamento de Seguridad Nacional ha sido contundente: Harvard ya no puede recibir nuevos alumnos internacionales, y aquellos que ya están matriculados deberán transferirse o arriesgarse a perder su estatus legal. Estudiantes como León Gerden, próximo a graduarse, han denunciado que la administración está utilizando su situación como una herramienta de control político.

Este escándalo no solo amenaza el futuro académico de miles de estudiantes, sino que también envía un mensaje alarmante a la comunidad internacional sobre el clima de aceptación en Estados Unidos. ¿Estamos presenciando un intento legítimo de control migratorio o una peligrosa interferencia en la autonomía universitaria? La incertidumbre se cierne sobre el emblemático campus de Harvard mientras la comunidad educativa observa con preocupación.